¿Dónde está la justicia?


Esta ola de violencia producida en Junio del pasado año en el Sur de Kirguistán, viene causando expectación e incredulidad según van avanzando las investigaciones. La notica ha vuelto a las portadas debido a que en la última investigación realizada por  Abdigany Erkebayev, ha puesto en el punto de mira a varios políticos uzbecos y en especial a Kurmanbek Bakiyev, el antiguo presidente. Además dijo: “Los trágicos sucesos no fueron provocados por los uzbecos o por el pueblo kirguís sino por personas con opiniones extremistas”.

La revuelta comenzó el día 10 de Junio, con una pequeña disputa entre los uzbecos y los kirguisos. Tras esta disputa un gran número de personas de origen uzbeco se concentraron en un casino de Osh y protagonizaron diversos ataques contra personas de origen kirguiso. Además de dejar cenizas a sus pasos quemando varios edificios. Lo que llevo a los kirguisos y pueblos colindantes a una gran indignación. Trasladando toda la ira que sentía en ataques e incendios de barrios enteros durante cuatro largos días.

Se estima que el numero de víctimas del altercado, se encuentra alrededor de 426 personas. De los cuales 276 de origen uzbeco y 105 de origen kirguiso.

Human Rights Watch una Organización No Gubernamental (ONG), realizó un informe titulado: “Where is the Justice?”: InterethnicViolence in SouthernKyrgyzstan and itsAftermath”( “‘¿Dónde está la justicia?’: Violencia interétnica en el sur de Kirguistán y sus secuelas”). Este informe consta de 91 páginas en las que expone más de 200 testimonios, entre ellos: las víctimas, abogados, testigos, activistas, representantes de las fuerzas de seguridad y funcionarios del Gobierno. Además se adjuntaron imágenes de satélites, fotografías, videos, documentales y pruebas forenses.

Los representantes de Human Right Watch consideren  que: “Está claro que la amplia violencia étnica impuso desafíos monumentales a las fuerzas de seguridad de Kirguistán.  Aunque, descubrimos que algunas de las fuerzas de seguridad se convirtieron en parte del problema en vez de la solución”.

Las autoridades admiten que grupos procedentes de Kirguistán robaron armas y vehículos militares que utilizaron en los ataques. Para HRW esto no es suficiente. Ya que tienen información y testimonios de testigos que contradicen lo expuesto por las fuerzas de seguridad. Estos afirman que dentro de los vehículos militares habían hombres de uniforme camuflados. Abriéndoles paso a los asaltantes mediante la retirada de  las barricadas hechas por  los residentes. Lo que provoco una mayor acción por parte de los asaltantes. Por ello creen, que al menos en algunos vecindarios eran las autoridades las que tenían el control de dichos vehículos.

Además el informe contiene testimonio de cómo las fuerzas de seguridad irrumpían en sus casas sin identificarse, sin orden de registro y sin razón alguna. Lo que denominaban operaciones de búsqueda e incautación de bienes. En las cuales, detuvieron a personas sin órdenes de arresto, de las que no dieron el paradero a sus familias. En la mayoría de los casos se negaron a otorgarles un abogado. En otros además sufrieron agresiones (hay constatados más de 60 casos) y adjudicación de pruebas falsas para inculparlos, como casquillos de cartuchos usados.

HRW afirma que  aunque las autoridades tenían  razones de seguridad legítimas para irrumpir en los barrios uzbecos, no cumplieron con su obligación de garantizar la seguridad de los residentes en vista de la amenaza clara e inminente que representaban las muchedumbres. Por ello creen que deberían de intervenir fuerzas nacionales e internacionales para esclarecer los hechos. Ya que tienen constancia de más de 3500 casos penales realizados durante la investigación. Y sostienen  “Aquellos responsables de los atroces crímenes tanto contra kirguisos como uzbecos durante los disturbios violentos de junio deberían ser procesados independientemente de su etnia, título o rango”

 

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